Alto y claro lo dice la Academia Americana de Pediatría y es asertiva su coincidencia en la Sociedad Panameña de Pediatría: la misión del pediatra es promover la salud y el bienestar de todos los niños.  Ello significa educar y formar para lograr ambientes amables e inclusivos donde no se permita la discriminación de ningún tipo y se fortalezcan los sentimientos de solidaridad y respeto con el ser humano.

La salud y el bienestar se alcanzan promoviendo la salud física, la salud mental y la salud social, haciendo uso de la mejor evidencia posible en el cuidado primario, en los servicios de subespecialidades y de cuidado de urgencias, como en los cuidados hospitalarios.

Frente a las inquietudes válidas sobre la seguridad de las vacunas contra COVID-19 es necesario, para reconocer la verdad arrojada por estudios y ensayos, que nos liberemos de evidencias empíricas, de preciadas creencias ideológicas o religiosas, y de anécdotas documentadas sin la cuidadosa evaluación que el método científico exige para considerar una vacuna o un medicamento eficaz y seguro.  Lo que se le exige al investigador y a la investigación, la inmensa mayoría de las veces si no todas, se pasa por alto al sobresaltarse con teorías de conspiración.

En los Estados Unidos, al 29 de diciembre de 2021, 6.5 millones de niños entre los 5-11 años de edad habían recibido al menos, una dosis de la vacuna contra COVID-19, que es la vacuna de la plataforma mRNA.  Esos números constituyen el 23% de los chicos en esas edades.  Entre los de 12-17 años, se habían vacunado 15.6 millones de adolescentes o el 62% de ellos.  En ese grupo, la vacunación completa con 2 dosis se había hecho en 13.1 millones, o el 53% de ellos, y faltaban 9.5 millones de adolescentes por recibir la primera dosis y en la semana anterior a tener estas estadísticas, se acababan de vacunar otros 115,000 adolescentes.  En ese país, hay 72.8 millones de personas con edad por debajo de los 18 años, que constituyen un 22% de toda la población norteamericana mientras la población de niños de 5-11 años constituye el 8.6%.

Nadie oculta los efectos adversos, leves o mínimos y más frecuentes, moderados o serios y más raros. Lo hacemos con todas las vacunas, nada nuevo ni para escandalizar, entre los pediatras y el personal de salud. Decir que se ocultan mientras se citan casos es una contradicción, porque la fuente de esos casos debe constar en los récords si quien hace la observación cumple con su deber de reportarlo y, que cuidadosamente, se revisan para crear políticas sanas y responsables de salud pública.

Los casos pediátricos de COVID-19 pueden resultar en hospitalizaciones, muertes, el síndrome inflamatorio multi sistémico, complicaciones de larga duración, entre ellas el COVID prolongado.  A los costos biológicos y anímicos, se suman los costos económicos.  A la hora de tener un hijo o varios en esos grupos, no importan los números, si son mayores o si son menores a los que se acumulan entre los adultos.

La vacunación contra COVID-19 se inicia en los Estados Unidos no antes de que sea constatada puntualmente su seguridad y su eficacia.  Diversos organismos son la criba: ACIP (Comité Consultor de Prácticas de Inmunizaciones), CDC (el Centro de Control de Enfermedades), FDA (Agencia de Alimentos y Drogas), AAP (Academia Americana de Pediatría).

La acusación de maltrato a niños al recomendar la vacunación contra COVID-19 en todos los grupos de edad para los cuales hay data consignada sobre su seguridad y sobre su eficacia,  es desacertada, al menos, tristemente célebre, siempre. 4/01/22