“Solo te dan cárcel si eres estúpido o no tienes recursos”.  Lapidaria línea, puntual y deshonrosa.  Por eso todavía, los cuellos blancos se lucen en la calle y no en las celdas.

Sin justicia no hay paz.  Lo difícil es definir la justicia, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista ético.  No, desde el punto de vista legal, porque las leyes las hacen las virtudes y los vicios de los juristas y el fiel de la balanza suele inclinarse lejos de la vocación, el juramento y el profesionalismo de no pocos de aquellos.

En bioética, y solo soy un lector de bioética, una crítica esencial a ella es preguntarse “qué tan bien le ha ido a la bioética al abordar cuestiones intratables, persistentes y generalizadas, que no son tan apasionantes ni tan modernas (o analíticamente sencillas) como, el trasplante de rostros”, lo ha señalado Jonathan D. Moreno, bioeticista siempre atento al carácter moral y la práctica profesional de quienes se mueven entre culturas y actividades diferentes. Más difícil, cuando reconocemos que hay otros temas de constante discusión y encuentros, como desencuentros, que sí apasionan con resultados variables, según la pasión, la provocación o el incendiarismo de sus interlocutores.  Los ingredientes de ellos, no se puede negar: la cultura, la religión y la política.

Cuando se sugiere que la humillación social es suficiente castigo para el delincuente, quiero entender que es el único castigo en una sociedad indolente, también altamente corrupta, cuyas cárceles son precisamente, para aquellos que son estúpidos o no tienen recursos.  Esto es grave.  Aquella es una opinión, sí es cierto, pero una opinión que desinfla cuando tenemos tal desfile de actos corruptos.

A la administración anterior a la última, se le señala como “perseguidora y rencorosa”, que se dedicó a la persecución política y que endilgó de delincuentes a ejemplares servidores públicos.  Es probable que haya casos de esos.  Hoy, algunos de ellos vuelven a la función pública como ministros, directores de entidades estatales y hasta de alguna gobernación, y se les ha dado la oportunidad para que demuestren capacidad y honradez o, lo que también pienso, con mucha mayor molestia, por un mandato que sale de la sede extranjera de una dictadura oprobiosa, que hace justicia a punta de sus berrinches y no respeta la libertad de discernir y, mucho menos, la de disentir.

Quiero advertir que, la amplia divulgación de irregularidades y asaltos al erario que se han venido haciendo desde el inicio de esta nueva administración, pareciera ser la hoja de ruta de toda nueva administración.  Aparte de consolidar el carácter delictivo de los actos de gobierno, nos reclama que no hemos sido capaces de reemplazar el carácter del servidor público, ni con la posibilidad de hacerlo entre los servidores electos por la voluntad popular.

Uno, no existe tal voluntad popular cuando las directrices de los partidos amañan las elecciones desde el momento que escogen a su manera, sus candidatos.  Si bien es cierto que hay mucho delincuente no probado -bajo las definiciones de la justicia, como las artimañas de no pocos abogados y la mudez de otros no pocos- también es cierto que tenemos todo el derecho de condenarlos en nosotros y no permitirles alcanzar peldaños de impunidad y de inmunidad.  Y dos, ese “en nosotros” -debo reconocer que su número se desconoce- es donde fallece la renovación del servidor público, ya sea por secuestro de la educación y autonomía populares o por la liviandad del necesario espíritu contestatario, que hemos dejado de lucir muchos ciudadanos. Veamos si es válida solo la humillación social.

No solo este mes de septiembre, la tinta de algunos periódicos manchó sus páginas con los pecados ajenos.  Con la toma de sus cargos, las denuncias por corrupción institucionalizada de representantes de corregimientos, alcaldes, directores de entidades estatales, incluso ministros de estado han sido la tónica del cambio de gobierno.  Luego han seguido bien descritos hechos delictivos, como los millonarios sobreprecios (importadas en $182,626 y vendidas en $1.7 millones) en compra de perforadoras y bombas sumergibles para pozos de agua pagados antes de entrega. Un robo que afecta a comunidades pobres y vulnerables del país.  El partido que gobernaba con su cola de gallo reclamará persecución política, la cantaleta de los prepotentes cuando pierden sus padrinos.  Allí están por investigarse también, en qué utilizaron los 320 o más millones de balboa que les entregó la descentralización paralela de la Autoridad Nacional de Descentralización, un robo descarado con muchos cómplices.

La autopista Arraiján-La Chorrera es todavía un cuello de botella por donde se atoran el Corredor de las playas y el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá que, con el cuarto puente, tendremos que pagar más de 5,000 millones por ellos, unas 4 veces más que con el proyecto original de un puente de 3 carriles por ambos sentidos y un monorriel para la línea 3 del Metro, que estaba alrededor de $1,420 millones. Y falta desgranar la mazorca para conocer a dónde saltaron sus granos.  Como si fuera poco, nos descubren la Operación Jericó, que sacó a flote lo que hace años se sospecha: el secuestro y siembra de funcionarios, con y sin inmunidad, en los órganos del Estado para servirle al blanqueo de capitales y al tráfico internacional de las drogas. Se han hecho decomisos de drogas, se ha descubierto un taller para preparar carros con doble fondo para el transporte de ellas, los contratos del gobierno con estos personajes se han revelado y los presos son funcionarios de carrera y delincuentes de oficio y costumbre.

Como la diversificación para el enriquecimiento ilícito parece infinita, no nos sorprendió cómo los delincuentes nos toman de pendejos para hacernos creer que 600 vigas de acero se pueden levitar de un depósito del MOP sin que sus funcionarios lo sepan o vean, pasearlo por toda una comunidad de playa y calypso, y luego dejarlas en lotes sin dejar rastros y molestar menos el ojo propio que una paja en el ojo ajeno.  A esta hora el principal y único detenido de esta obra de Sansón -de paso un juez- es un filisteo de una pequeña nación entre dos océanos, que luchaba contra el hambre. Cada descubrimiento es tan escabroso que cuando resucita entierra al anterior, como el cobro delictivo, no irregular, delictivo, de salarios de docentes fallecidos. “Como la plata no es mía, se la robo al gobierno”.

Demasiado delito y robo para solo castigar al transgresor con el repudio social. La certeza del castigo ejemplar es lo que la ciudadanía reclama.  La iglesia más cercana puede ayudarle a estos fraguadores de riquezas indebidas y corazones desangrados, por lo menos para golpearse el pecho porque lo que es la justicia panameña, no va otorgar viviendas para los próximos años, como se lo merecen.  Publicado en el diario La Prensa de Panamá, el viernes 27 de septiembre de 2024 

Pedro Ernesto Vargas

médico