Las instituciones y las organizaciones de salud tienen una responsabilidad legítima, más allá de ocupar los habitáculos de las estructuras físicas donde desarrollan su trabajo higiénico. Los médicos y todo el personal de salud son sus voceros y la vocería tiene que ser alta y clara. Ella es la de tomar postura, hacer compromiso e involucrarnos en asuntos de justicia social. Afuera e incluso adentro de estas instituciones y organizaciones, encontramos no solo resistencia a la promoción de esta responsabilidad, sino diversos grados de negación tanto a la función higiénica cimera de la salud pública como también y gravemente a divulgar principios y valores bioéticos para la sociedad en la que crecemos y nos desarrollamos.

La bioética celosamente preserva los fundamentos del profesionalismo médico: el respeto al paciente y a todo lo que gire alrededor del paciente. Cuidar al enfermo y promover la salud no pueden separarse de ese mandato profesional y ético. En ese camino encontramos grandes y poderosos intereses, no solo obstáculos por recursos inalcanzables o distanciados por las políticas desviadas y miopes, equivocadas y por ello costosas, de quienes administran el bien público, que no es otra cosa que administrar el bienestar de las gentes.

Si hay alguno que atenta contra la salud pública es la industria que explota las adicciones con propósitos de enriquecimiento. Tienen voceros con rangos y títulos, privilegiadamente asalariados, revueltos en instituciones académicas sorprendidas, como los tienen las organizaciones expertas en generar teorías conspirativas contra la ciencia y, particularmente, contra el mejor probado instrumento de salud pública mundial a la par del agua potable: las vacunas.

Y además tienen estudiosos de las ciencias sociales para conocer y explotar los mejores caminos que llevan al secuestro de la autonomía de las gentes, que en la industria del tabaco son el uso de sabores, la promoción billonaria y la percepción equivocada de que sus productos no son dañinos. Sus voceros son el mejor altoparlante en las redes sociales, donde además se proponen desprestigiar a todo aquel que se oponga a sus intereses aun y con mayor énfasis, si tiene una trayectoria de seriedad y confianza pública en salud y medicina.

Un estudio publicado por el FDA y el CDC de Estados Unidos, el 10 de noviembre del año en curso, hace ocho días, encontró 3.08 millones (11.3%) de estudiantes de primer ciclo (530,000) y segundo ciclo (2.51 millones) de la escuela secundaria que reportaron el uso actual, en los últimos 30 días, de productos del tabaco. Entre los ocho productos comerciales, el e-cigarette o cigarrillo electrónico fue, por noveno año consecutivo, el producto de tabaco más usado entre todos los estudiantes.

Inician su dañina actividad de promoción en las escuelas y edades tempranas con falsas aseveraciones sobre las probadas evidencias del daño de la nicotina, tan extremadamente adictiva como la oxicodona, el tabaquismo y el tetrahidrocanabinol (THC) de la marihuana, su mayor componente psicoactivo y adictivo, y que, desde hace un tiempo para acá se presenta con imprecisión como medicinal, como si toda la planta lo fuera.

En la última década han penetrado la curiosidad, el entusiasmo y la urgencia de probarse autónomos y capaces de los adolescentes para promover el cigarrillo electrónico y el vapeo -con riesgo para iniciarse en el uso de marihuana y tabaco- que no es una competencia para la establecida industria del tabaco, sino uno de sus nuevos productos, con sabores y colores que despiertan el deseo de tratarlos sin sospechar el riesgo a convertir la actividad ostentosa, que te hace diferente, interesante e importante al mismo tiempo, en una dolorosamente nociva. El uso de nicotina en cualquier forma no es saludable.

El abuso y la adicción no es solo a productos ilegales o socialmente aceptables, como el alcohol, sino que se extiende, entre los jóvenes al uso no médico de drogas de prescripción (UNOMDP) típicamente usadas para tratar el dolor o condiciones psiquiátricas.

Entre ellas y, particularmente en Estados Unidos, que tiene la información y estadísticas apropiadas, están con mayor frecuencia: la oxicodona (un derivado del opio), el Lorazepam (un ansiolítico), el Zolpidem (un sedante) y la metilfenidato o Ritalina (entre los estimulantes). Su impacto nocivo sobre la salud y la mortalidad por sobredosis -más de 60,000 anualmente- es un problema de salud pública y no una “guerra contra las drogas”.

Las visitas anuales a los cuartos de urgencia fueron en el año 2016 por el orden de 358,247 consultas, y, en el año 2013, los costos estimados por este problema de salud pública estuvieron en $78,500 millones de dólares. Los dos grupos de edad que dominan todas estas estadísticas son los adultos jóvenes y los adolescentes. Como en todas partes con las adicciones, donde se hacen los dineros están los terroristas de la salud.

Informes recientes revelan que, durante el año pasado y por primera vez, 290,000 adultos jóvenes y 103,000 adolescentes se iniciaron en ansiolíticos UNOMDP, mientras que 18,000 jóvenes adultos y 77,000 adolescentes lo hicieron en sedantes UNOMDP. Si estas cifras no le conmueven piense ahora en lo que significan en daño y muerte por adicciones.

En las personas jóvenes, la iniciación y uso no médico de drogas de prescripción está favorecido por tres factores: factores individuales, como son las expectativas de resultados particulares; factores interpersonales, como son las actitudes familiares y de los compañeros de edad hacia estas drogas, y factores sociales o de la comunidad donde se vive, que facilitan el acceso a estas drogas. En estas 3 direcciones se deben dirigir los esfuerzos para llevar a cabo campañas de prevención y para terapias de modificación del comportamiento. Es necesario conocer el estado nacional de este problema para dirigir el manejo.