“se faculta al ministro de Salud para que, cuando

considere que la salud de la población está

en riesgo, orden las acciones de inmunización

extraordinarias que san necesarias, las cuales serán

obligatorias para todos los residentes del país.”

Constitución Política de la República de Panamá,

Ley 48, Artículo 14, del 5 de diciembre de 2007

 

 

 

Los debates sobre la legalidad y la moral o la ética de la vacunación no se acaban aquí, ni se acabarán hoy.  Se seguirá tomando partido entre los derechos humanos y la salud pública, entre el derecho individual y el interés común, entre prevenir mediante la ley que una persona se haga daño o le haga daño a otra, y una clara violación injustificada de la libertad.  Y se tendrá que traer a consideración cada vez, si

 

• Las vacunas son probadas eficaces y seguras
• Las vacunas son accesibles a todos los ciudadanos
• Existen los recursos humanos, las estructuras físicas y la respuesta económica para llevar a cabo un programa amplio, profundo y sostenido de vacunación
• La población está amplia y científicamente informada sobre las vacunas y la vacunación

 

 

 

Para asegurar la vida productiva en sociedad, la convivencia de los ciudadanos, no debe existir incertidumbre al reconocer que el gobierno cumple con dos propósitos infranqueables: (1) proteger el interés común y, por ende, la salud pública, y (2) proteger las libertades, y por ende, la libertad individual.  En la medida que el Estado desarrolla sus programas y sus acciones de gobierno, basado en conocimientos científicos, en la realidad de las instituciones sociales y, en consideración a los progresos de la jurisprudencia constitucional, se puede confiar que la dirección de la gobernabilidad cumple con aquellos propósitos.

 

Tenemos ya algo más de 18 meses de sufrir la crisis humanitaria global nunca antes sospechada, de manos de una enfermedad infecto contagiosa desconocida, agresiva, cambiante, que hubo que confrontar con medidas de mitigación severas, en la medida que restringieron y restringen significativamente nuestras libertades de movilización y nuestros estilos de vida, como seres gregarios, hasta encontrar en la vacunación, otro camino de protección que, además, quiebre su alta contagiosidad.  Y, cada día que pasa, reconocemos mejor la importancia de las libertades individuales, incluso para revisar la ética de las políticas de salud pública.

 

Sin embargo, nadie debe poner en tela de duda que, para entonces, la seguridad de las poblaciones justificara restricciones severas.  No solo los hospitales y las unidades de cuidados intensivos se abarrotaron de moribundos, sino también las calles y portales de muchas ciudades y casas, tanto en Europa como en Asia y América.  No podemos archivar la aún persistente y dañina iniciativa de algunos médicos para encontrarle otro propósito terapéutico a medicinas no probadas y nocivas, con tal de “ofrecer algo” a los pacientes, en una desesperada y peligrosísima carrera por “hacer algo, más que cruzarse de brazos”.  La historia es muy reciente para olvidarla o para proponerse ignorarla.

 

No somos pocos los que hoy consideramos que se hace necesario modificar políticas no solo impuestas sino también de entonces urgente necesidad, en aquellos meses iniciales de la pandemia, como se hace necesario vacunar a la mayor cantidad posible de las poblaciones, ahora que se dispone de vacunas probadas seguras y eficaces.  Lo que no sería eficaz es convertirnos, al mismo tiempo, en apóstoles de la no vacunación y exigentes voceros irracionales para quitarnos las máscaras.  Si queremos quitarnos las máscaras, si queremos reunirnos, si queremos abrir tiendas, negocios, escuelas, comercios, industrias, entonces seamos coherentes y salgamos a vacunarnos.

 

 

Existen cuatro (4) realidades sociales que condicionan la eficacia del programa de vacunación para solucionar, en parte, la crisis humanitaria por COVID-19:

 

 

• Las decisiones de salud pública basadas en evidencia probada, en la ciencia, producen en los ciudadanos respuestas favorables a recomendaciones razonables de la autoridad de salud pública

 

• Las decisiones de salud pública que se asientan en la fuerza, p.ej. la la fuerza policial, conducen a que los ciudadanos no tomen ni siquiera las precauciones mínimas, racionales, para protegerse durante emergencias de salud pública

 

• Los movimientos anti vacunas y anti vacunación, que están entre las 10 amenazas a la salud pública mundial, denunciadas por la Organización Mundial de la Salud. Estos grupos están bien organizados y financiados.  Otra cosa es la incertidumbre o la ansiedad por la vacunación, que se origina precisamente, en los hornos malditos de las campañas anti vacunas, que no tienen ningún elemento científico en su haber, sino un enfermizo deseo de crear desconfianza,

 

• La estigmatización por los adultos y los padres de familias, de condiciones como la enfermedad por uso de drogas, la enfermedad de transmisión sexual, el embarazo precoz, la anticoncepción, la enfermedad mental, el suicidio, que cierran el acceso a la informaciónde niños y de jóvenes, desmejoran la imagen del médico y su credibilidad, como condicionan la atención de la salud preventiva y curativa.  25/07/2021