No solamente los médicos hemos tenido que tomar decisiones de vida o muerte ante la arremetida salvaje y sorpresiva de una pandemia original, sino que, o se ignoraron principios y valores de bioética, no solo en los manejos y tratamientos, sino también en la divulgación maliciosa y nociva de noticias, como en la participación autoritaria de personas sin autoridad, y, ahora, como si fuera poco, en el manejo delicado y sabio, para establecer la prioridad de la vacunación, que honre la equidad y la justicia social mientras corrige la creada y seria restricción de las vacunas.

Difícil no ha sido que, universalmente, se coincida en que quienes deben ser los primeros beneficiarios de las vacunas, han de ser todos los profesionales de la salud.  Sin embargo, no solo la inicial restricción del número de las vacunas sino también el paso de prebendas y privilegios onerosos y detestables, han burlado la agenda sagrada.  Estos son los profesionales que ponen sus conocimientos y sus habilidades al servicio de los enfermos, si ellos enferman -más real hoy que antes, cuando ya se reconocen nuevas cepas más contagiosas del virus- el déficit no será solo de camas, sino de morgues.  Entre los médicos hay unanimidad: primero los médicos de los cuartos de urgencia y de los cuidados intensivos y salas de COVID, luego todos los demás.  Igual las enfermeras, y todo el personal de salud, desde quienes son responsables de la limpieza hasta los que son responsables del mantenimiento de equipos y el suministro de insumos. Hay que asegurar el funcionamiento eficaz de los hospitales, y no solo de los hospitales públicos.

A partir de ese grupo de incuestionable priorización, las próximas decisiones son más difíciles.  La sociedad funciona con la participación de todos y, por ello, todos hoy son merecedores de ser protegidos.  Pero la distribución justa de las vacunas nace enferma debido a su restricción, y enferma grave en la medida que segreguemos más y más a la población entre partidarios y no partidarios, entre consentidos de los administradores y los demás, entre amigos y enemigos políticos, entre deudores electorales y ciudadanos de a pie.  Otra vez, no se miró a las comunidades, a las gentes.  Hay que entender por comunidades aquellas reunidas en corregimientos y barrios, en hospitales y casas de enfermos y asilos, las de las escuelas y las de las cárceles, las de los comercios de comidas y medicamentos.

Sería más ético y fluido dirigir entonces la actividad de vacunación, ya fuera de las instalaciones hospitalarias, a los grupos de la comunidad que más enfermos producen, aunque fuera necesario considerarlos en los subgrupos de mayor riesgo por sus edades, sus comorbilidades, su estado nutricional, su grado de desconocimiento y analfabetismo en salud, higiene y medicina. La incuestionable y cruda sentencia estadística de los casos es contundente.  Allí está, aunque no se revele. Pero esto ni siquiera aparece en los “planes” divulgados.   22/01/2021