El 15 de enero de 2007, hace ya 14 años, 9 meses, presentamos los Garantes de la Salud, un documento al Sr. presidente de la República de entonces, Sr. Martin Torrijos Espino, la Hoja de Ruta para la integración de los servicios de salud a nivel nacional, que garantizara el derecho constituido en la Carta Magna, a la salud sin discriminación alguna para todos los individuos -no solamente a los nacionales- en todo el territorio de la república.  El propósito: cumplir con lo dictado en la Constitución de la República y acabar con la ineficiente y discriminatoria duplicación de servicios de atención aguda y crónica de la enfermedad, de la prevención en salud, de la rehabilitación; como, el costoso mantenimiento y proliferación de estructuras físicas obscenas, en una gran parte de las veces.

Pero, para ello, no sería en base a ordeñar a la CSS ni en función de una cómoda posición observadora del MINSA, como el representante del gobierno, sino que sugeríamos una institución nueva que funcionara con el cumplimiento sagrado a las obligaciones financieras, tanto del gobierno como de la CSS, inicialmente, para luego pasar a una sola obligación de parte del gobierno, cuando la CSS recogería su cobertura a los programas de pensión y jubilación.  La atención a la salud tendría que ser una empresa universal, solidaria y equitativa, donde la columna vertebral sería la Atención Primaria de Salud y su estandarte el Médico de Cabecera, que el paciente podría escoger, como lo hace en el ejercicio de su derecho, en la práctica privada.

Entonces señalábamos que, para asegurar eficiencia de la atención, la automatización y la digitalización de toda la información pertinente a cada paciente era necesaria; como la certificación y re-certificación periódica de todo el personal de salud que, garantizara una atención científica actual y probada, una atención humanitaria, cálida y genuina, y una rendición de logros o fracasos, en la propensión de sus servicios. Pero no dejamos atrás el aspecto sensible que echa todo por tierra o lo mantiene a flote: el financiamiento de tal sistema y programa.

Enfatizamos entonces, que estas reformas se centraban en 3 aspectos: (1) cobertura universal, (2) protección financiera, y (3) eficiencia del sistema con calidad.  Aquí tratamos de frenar la demagogia como la creciente politización de los servicios de atención de la salud y de la enfermedad, e insistimos que, «ningún programa de salud se puede sostener sin disponibilidad de dineros». Entonces, urgimos la consideración de darle relevancia a la flexibilidad, para adaptar la financiación a las variaciones propias de la actividad sanitaria, y a la sostenibilidad, con el objeto de hacer permanente, no solo el compromiso, sino también la ejecución de los planes de salud.

Aquí tuerce la puerca el rabo porque los mecanismos o instrumentos para responder a estos 2 elementos inherentes a la financiación de un sistema sanitario, son los mas difíciles superar para que no se constituyan únicamente en tinta sobre el papel.  Y los políticos electoreros saben como hacer correr la tinta.

Para no aburrirlos, nuestra propuesta fue: la contribución de fondos a partir de lo que la CSS maneja actualmente para la atención de salud del Programa de Enfermedad y Maternidad, y, la aportación del Gobierno de una cantidad equivalente al per cápita calculado y de acuerdo a las variaciones anuales.  Advertíamos entonces que, más adelante, «el Estado tendrá que responsabilizarse de la financiación total de la salud a través de su presupuesto general e independientemente de la situación laboral o económica de la población». Mencionamos entonces también, las diferentes fuentes de ingresos que el Estado podría explorar para cumplir con su obligación con la salud de la población y que no facilitarán la recurrente visita a los ingresos nacionales por la utilización del Canal de Panamá.  13/10/2020