El deshonroso espectáculo de un juicio por violación carnal contra dos mujeres, una, una menor de edad, de parte de un diputado a la Asamblea Nacional, médico de profesión y perteneciente a un grupo étnico originario y minoritario en el país, solo puede producir repulsa y asco por todos y cada uno de sus elementos constitutivos.

De un país corrupto no se puede esperar que toda ley no haya sido concebida y redactada de tal forma, que se la burle.  Toda ley así concebida y redactada no puede engendrarse de hombres de leyes comprometidos con la justicia y la verdad, sino con el aprendizaje que los lleve a encontrar las rendijas por donde colar el delito, el delincuente y su propio prestigio.

Como pediatra no puedo callar de tanta ignominia y poco me importa no tener conocimientos de leyes, porque las leyes en este país están hechas para violarlas una y otra vez, como se violan niñas y niños cada día, para gozar y seguir gozando de los placeres de tales violaciones y de tan asquerosos privilegios.

Si la Asamblea Nacional de Diputados acomodó el manejo constitucional de los delitos de los diputados y de los magistrados de la CSJ para que unos protejan a los otros y se vayan saldando deudas, las sociedades médicas y, particularmente la Sociedad Panameña de Pediatría no pueden callar este hecho y este resultado.  Lo mínimo que hay que exigir es que se le revoque la idoneidad médica para practicar medicina a en todo el territorio nacional, a Arquesio Arias.  18/4/21