El Tribunal Electoral lo reconoce: “… el anonimato de los usuarios es una tónica que ha permitido la evolución del uso de las redes sociales en la política, campo de batalla en que predomina la falta de tolerancia, el abuso y las descalificaciones que tanto daño le hacen a nuestra democracia”. Sin embargo, se permite darle a la hipocresía y a la mentira, a la burla y a la vulgaridad del espectáculo, una pasarela amplia y bulliciosa para la ceremonia narcisista del Pacto Ético Digital, donde converge lo peor de la política, su clase dirigente. Los años, desde su primera celebración, han revelado que es solo un escenario para el teatro bufo, nada divertido y donde la música solo encanta a las serpientes. Debiera dejarse de celebrar o severamente castigar a quienes lo traicionan. Habría que comenzar por el fiscal electoral.

Para los que desconocen el pasado reciente, el Pacto Ético Digital se propuso como un compromiso, “como usuarios de las redes sociales, de no utilizar campañas sucias como elementos de falso debate; no utilizar bots automatizados para manipular al electorado, y denunciar las noticias falsas para evitar el daño que generan”. Mientras el papel del compromiso se va llenando con las firmas de los invitados al jolgorio, las redes están manchando prestigios con mentiras, afirmaciones falsas, improperios, vulgaridades, descalificaciones y conspiraciones que llevan la autorización y hasta el regocijo de aquellos que están -en su momento- presentes en el Tribunal Electoral burlando ese compromiso, que ahora manchan con sus firmas. ¡Hasta cuándo tanto descaro y robo!

Cierto es que “lo decente no quita lo valiente”, pero la decencia deja mucho que desear cuando lo que hay que decir no se dice, no se sabe decir o se dice de forma que no se entienda. Entonces estamos ante la prudencia que no dice, no dijo, aunque decía. En ese marco, algunas protestas contrarias se tornan incómodas hasta para quien las hace y se toman como extremistas, pero lo cierto es que quedan encerradas para siempre en un corral, que no siempre permite el toreo. Y, lo peor, ser decente pero no valiente le da gasolina al incendiario. Ya lo verán.

En la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, el 18 de febrero pasado, se condenó el exabrupto autoritario -que le da a Daniel Ortega un carácter más a su dictadura totalitaria- frente al canciller nicaragüense: “Ortega no sabe que la patria se lleva en la sangre y no se priva por decreto”. Lo hizo rotundamente el presidente Gabriel Boric, de Chile. Esa “entereza y dignidad”, como calificara el escritor Sergio Ramírez la postura de Boric, le faltó a los representantes de democracias del continente. Ya temprano en el año que cursa, había Boric condenado las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos por el gobierno variopinto de Nicolás Maduro, en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Buenos Aires, y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, había mostrado su enojo: “me enoja cuando eres de izquierda y no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”. Inmediatamente, Ortega descalificó a Boric como vendido a Estados Unidos, la cantaleta que aburre.

Hay una forma de “pacto” en el sentido que las izquierdas no hablen mal de las izquierdas, y las derechas no hablen mal de las derechas. Sin embargo, las llamadas democracias del continente, en la derecha de las conveniencias y en las izquierdas de los arreglos, callaron y callan ante la postura de Boric, como la nuestra, en manos de un partido con ideología de negocios familiares y pactos para socializar.

Los pactos entre países son convenios, compromisos vinculantes, acuerdos que se honran porque comprometen. Desconocerlo es hacerse el pendejo, que también puede ser un acto de viveza, un juega vivo que, en el campo internacional, obscurece al país, por ejemplo, cuando de los derechos humanos de los grupos LGBTIQ+ se trata. Algo así se revolvió recientemente frente a otro exabrupto -calificado así por juristas- político y jurídico: la nada irrelevante decisión y posición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, al no reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y, con ello, desconocer que el país es signatario de las decisiones sobre estos derechos de las personas LGBTIQ+ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. A la CSJ poco le ha importado que, al incurrir en esta decisión, está faltando al cumplimiento de “garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las familias diversas conforme a los estándares interamericanos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que “los derechos garantizados a las parejas de sexo opuesto deben ser extendidos y reconocidos también a aquellas conformadas por personas del mismo sexo en el entendido que tanto la vida familiar como el derecho al matrimonio son derechos vinculados al principio de dignidad y libre autonomía de las personas”. La carga emocional de este asunto le hará daño al país, que tanto recurre a la seguridad jurídicas de las empresas y poco a los derechos humanos de la población, cuyas minorías resta.

El 4 de abril, la dictadura Ortega-Murillo de la Nicaragua de los expatriados, expulsó y dejó descalzo en la frontera con Honduras, al sacerdote panameño Donaciano Alarcón, por iniciar una procesión de Semana Santa afuera de su parroquia, donde también orara por el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, arbitrariamente condenado a 26 años de cárcel. Todo esto en menos de una semana de aquellas reflexiones sobre democracia que hiciera el presidente Cortizo en la Cumbre de la Democracia, el 29 de marzo. No se ha escuchado el rechazo a tal decisión de aquel gobierno y las palabras y reflexiones del presidente nuestro tomarían una lejanía ni cortés ni valiente, del compromiso con la democracia hecho a toda voz en la cumbre. Otro compromiso de papel, para el papel. Será que la palabra “pacto” esta inflada y, parodiando a Hans Küng, “también la inflación de la palabra pacto, lleva a su devaluación”.  Publicado por el diario La Prensa, de Panamá, el 14/04/2023